‘Caso Astapa’: a juicio otra trama de corrupción del PSOE andaluz con 50 imputados y cuentas en Suiza

El PSOE sigue acumulando causas en los juzgados de Andalucía. A los más de 130 casos que se investigan por la corrupción socialista, hay que sumar ahora la trama de ‘Astapa’, que investiga la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona nada más y nada menos que 16 años después de iniciarse la investigación.

Así, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el 9 de enero el inicio de este juicio que tiene 50 imputados, todos ellos ex responsables del PSOE, del Partido de Estepona (PES), y algunos empresarios y funcionarios. Entre los investigados se encuentra el ex alcalde de la localidad Antonio Barrientos.

Según los escritos de la Sala, se han previsto por el momento seis días para que las partes expongan sus cuestiones previas, del 9 al 17 de enero. Tras esto, el Tribunal realizará el examen y decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que puedan proponerse.

En cuanto al desarrollo del juicio, está previsto que sea a partir del día 7 de marzo, en sesiones de mañana con inicio a las 10:00 horas, de lunes a miércoles de cada semana, con opción de algún jueves. Se dividirá en diez bloques que abordarán los distintos asuntos por los que se acusa.

Así, se abordarán los distintos tipos de convenios, actuaciones en materia de disciplina urbanística, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento, supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias, presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, financiación irregular de partidos políticos, incrementos patrimoniales y actuaciones irregulares de técnicos municipales.

Causa

El procedimiento, con 351.114 folios entre los 128 tomos principales y los 646 de piezas documentales, tendrá 284 testigos y 48 peritos. Además de los 50 procesados hay otras 27 personas o entidades como supuestas responsables subsidiarias o a título lucrativo y tres acusaciones.

Ante la magnitud de la causa, la Sección Tercera pidió refuerzos tanto de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar como también dos magistrados. Se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción pide para el ex regidor una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa.

Barrientos siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento «dentro de la legalidad»; además de asegurar que «nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto», fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, ha incidido en que los informes existentes están «plagados de errores» y planteará nulidades al inicio del juicio.

Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una caja B con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘caja B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.

El Ministerio Fiscal considera que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento.